Apdha dice que los presos implicados en el incidente en la cárcel de Córdoba podrían haber sufrido torturas y malos tratos

El Centro Penitenciario de Córdoba ha extendido la restricción de comunicaciones a la asistencia jurídica, del tal forma que los presos quedan absolutamente incomunicados. Dicha incomunicación se hace a los 7 presos, “atendiendo a la agresividad manifiesta que siguen presentando, agresividad que motivo en la mañana del día de ayer la aplicación de aislamiento provisional” según el Centro.

Dicha restricción agrega la Administración “se mantendrá en tanto persistan las razones que motivaron la aplicación del citado medio coercitivo”.

Lo que relacionado con el traslado inmediato anunciado por la dirección hace que queden en la más absoluta indefensión. Dichas conducciones suelen durar varios días, no se les informa del Centro de destino, por lo que al llegar al mismo, ya han desaparecido cualquier secuela que pudiera existir.

Esta decisión rompe el sistema de derecho, que reconoce el derecho fundamental a acceder a los juzgados (tutela judicial efectiva) en cualquier momento. Así pues dichos presos han quedado en un espacio sin control.

La ilegalidad de dicho acuerdo es manifiesta pues, además de carecer de motivación individualizada, de ser precisa dicha medida solo puede ser acordada este tipo de restricciones por el Juzgado. Señala el artículo 48.3 del Reglamento Penitenciario que:

“Las comunicaciones de los internos con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales, no podrán ser suspendidas o intervenidas, en ningún caso, por decisión administrativa. La suspensión o intervención de estas comunicaciones solo podrá realizarse previa orden expresa de la Autoridad Judicial”.

Es la primera vez que esta Asociación conozca que se ha denegado el derecho a la asistencia jurídica a presos en casos en los que se podrían formular denuncias penales. Lo que justamente provoca que las noticias de posibles abusos sobre los presos cobren más fuerza. Apoyando dicha teoría lo extraño de mantenerse todos -los 7 presos- en estado de gran agresividad después de más de 24 horas.

La Asociación Pro Derechos Humanos pondrá en conocimiento las denuncias recibidas de torturas y malos tratos ante el Juzgado de Guardia a fin de que puedan ser reconocidos por el médico forense y llevados a disposición judicial. Así mismo se interpondrán las correspondientes medidas judiciales contra la denegación del derecho a la asistencia letrada y a la tutela judicial efectiva. Por dichos hechos se formularan queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz y organismos internacionales contra la tortura.