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Cuatro funcionarios de prisiones acusados de maltrato siguen en activo

El centro penitenciario Sevilla II “ni debe ni puede” pronunciarse sobre la presunta implicación de cuatro funcionarios en un caso de maltrato a reclusos, obstrucción de la justicia y falsedad. “Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia y vamos a respetarla hasta que el juez dicte una sentencia”, respondió ayer el subdirector de la prisión sevillana, Fernando Latorre, a este periódico.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Federación Andaluza de Drogodependencia y Sida Enlace y la Federación Provincial de Drogodependencias Liberación han denunciado que los funcionarios sigan en sus puestos, “sin que la Administración los haya apartado para evitar que otros presos puedan sufrir los mismos abusos”, según una nota enviada a los medios. Ayer, un portavoz de Enlace, insistió en que “esas personas tienen que ser retiradas de la cárcel porque hay muchas denuncias en su contra”.

Desde Málaga, la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, prefirió también esperar a que la justicia decida sobre si hubo maltrato o no: “Mientras no se pronuncien los tribunales no será la directora la que diga si una persona que está encausada es culpable o no”.

1.- Inicio del problema: negación por todos de la existencia de tortura en Andalucía

La Federación Provincial de Drogodependencias LIBERACIÓN, las Asociaciones Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida ENLACE venimos desde hace años denunciando la existencia de torturas y malos tratos en el territorio andaluz, y la impunidad con que cuentan sus responsables.

Las medidas que se han ido proponiendo a las Administraciones y los grupos políticos no han sido acogidas, posiblemente ante su creencia de que dichos actos no suceden en nuestra tierra.

Los Juzgados y Ministerio Fiscal, como regla, tampoco vienen actuando adecuadamente en estos tipos penales, por la misma creencia.

No obstante, la existencia de los malos tratos que afectan a todos los ciudadanos, aunque de manera especial a los que sufren la exclusión al gozar de menor protección, ha sido puesta de manifiesto por Organismos internacionales como el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Relator especial para la cuestión de la Tortura de la ONU, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y más recientemente el Comisario Europeo de Derechos Humanos, han verificado su existencia. El Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, Theo van Boven (E/CN.4/2004/56/Add.2) concluyó de manera taxativa que había “llegado a la meditada consideración de que esas denuncias de torturas y malos tratos no pueden considerarse meras fabulaciones. El Relator Especial no concluye que los tratos que acaba de describir constituyan una práctica regular pero, a su juicio, su ocurrencia es más que esporádica e incidental”.

Andalucía no sólo no está exenta de esta violación de derechos humanos, sino que siguiendo el Informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura del año 2006 es la segunda comunidad con más hechos de este tipo: 55 casos con 139 denunciantes, con el 22,6 % del total del estado español, 266 casos y 610 denunciantes. Entre las 10 provincias españolas con mayor número de denuncias se sitúan tres andaluzas: Sevilla con 59 denunciantes, Málaga con 35 y Cádiz con 23. El número de denuncias es superior al del año 2005, destacando la duplicación del número de denuncias en Sevilla. El número de casos se ha incrementado igualmente en Málaga.

En Andalucía fueron condenados en el año 2006 al menos 14 funcionarios públicos, siendo la Policía Local la que obtuvo mayor número de condenas, en concreto con 9. La provincia de Cádiz con 7 y Granada con 5 encabezan la lista de condenas.

Por tanto, es conveniente en el día de hoy reivindicar a las Administraciones y partidos políticos que creen “un espacio público y democrático para plantear y discutir cuestiones de derechos humanos. La negación y el silencio comprometen los valores inherentes a la dignidad y la seguridad humanas”, tal y como señaló el citado Relator.

2.- Análisis de los hechos en la que están imputados 4 funcionarios para los que Fiscalía solicitó seis años para 2 de ellos, y tres años de prisión para los otros 2.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Federación Provincial de Drogodependencias Liberación, integrada en ENLACE, ante el elevado número de quejas que recibíamos de la actuación de un Funcionario de Prisiones del Centro Penitenciario Sevilla II, decidieron ponerlo en conocimiento ante el Ministerio Fiscal. Posteriormente ambas decidieron personarse y constituirse en Acusación Popular contra el citado Funcionario.

En concreto, existen dos procedimientos penales abiertos en relación con dicho funcionario, los 135/07 y13/06 por los que abre auto de juicio oral por el que se solicitan tres años de prisión en cada uno de ellos (para mas información sobre el relato de los hechos ver www.apdha.org).

3.- Conclusiones.

Nosotros creemos, y así lo hemos hecho saber a los organismos internacionales encargados de la prevención de este tipo de sucesos, que hechos como éste, e incluso más graves, teniendo en cuenta las denuncias que recibimos, lamentablemente siguen sucediendo en nuestro país:

1º Las distintas Administraciones de las que dependen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a pesar de tener conocimiento de las denuncias de los ciudadanos, no actúan suficientemente en la depuración de responsabilidades. Tampoco para prevenir dichas prácticas. La Administración no ha suspendido a los citados funcionarios, a pesar de la evidente peligrosidad que suponen para las personas privadas de libertad. De hecho uno de los funcionarios acumulaba gran cantidad de denuncias, y no se investigó como hubiera sido deseable.

2º No existen procedimientos judiciales específicos para estos temas, a pesar de la ineficacia constatada de los generales. Tres años y medio los funcionarios no han sido enjuiciados.

3º Entendemos que el Ministerio Fiscal, en estos casos, tiene que actuar de una manera rotunda y decidida. En el presente caso, si bien se ha realizado la acusación, en el primero de los casos el fiscal sólo ha estado presente en la primera declaración, cuando lo deseable es que tuviera una presencia absolutamente protagonista.

4º Los citados órganos, Administración, Juzgados y Ministerio Fiscal, parecen mantener desde el inicio serias dudas sobre la credibilidad subjetiva del denunciante, lo que puede determinar la no actuación, por el hecho de que los denunciados, o bien pertenecen a la propia Administración, o son colaboradores de los Juzgados. Ello, salvo que en casos como el presente el número de indicios o pruebas sea tal, que consideren adecuado continuar con el procedimiento a fin de que sea el órgano al que le corresponde enjuiciar, Juzgado de lo Penal, decida y enjuicie a los funcionarios. Aún así, la Administración ha abierto información reservada en ambos procedimientos, aunque en ninguno se ha acordado medidas cautelares, a pesar de reconocer que las conductas supuestamente realizadas por los funcionarios son sancionables en la vía administrativa y deberían conducir a decretar medidas que prevengan futuros hechos similares.

5º La asistencia jurídica gratuita está exclusivamente prevista para las denunciantes de violencia de género, por lo cual los denunciantes de estos tratos no gozan de dicho derecho. Las similitudes entre ambos casos, desigualdades entre agresores y víctimas, e imposibilidad de movimiento del detenido o preso, hace necesario que la Junta de Andalucía establezca un servicio para los denunciantes de torturas y malos tratos por parte de funcionarios públicos, tanto en prisión como en el exterior.

6º Todo ello hace que la condena sea casi imposible, así el número es muy escaso.

7º Los denunciantes de malos tratos deben ser objeto de protección, pues según se ha constatado, los mismos afirman sufrir represalias. En el presente caso, fueron evidentes las represalias.

8º Como siempre reiteramos que esto no significa que dicha práctica sea diaria ni generalizada por todos los funcionarios, pero sí que se produce y con cierta habitualidad, y que el escasísimo número de funcionarios que la practican, no están encontrando freno en su quehacer. Sobra decir, que en cualquier colectivo, entre ellos como cualquier otro, el de la Policía o el de funcionarios de prisiones (con más de 500 personas en cada centro tipo), siempre existe un número de personas desaprensivas. En el presente caso, 5 funcionarios han participado directamente en los hechos así como intentando ocultar los mismos.

La peor reacción que estos colectivos pueden tener es hacer frente común contra los denunciantes (reciente caso de Mossos d´Esquadre), pues lo apropiado sería desmarcarse de esta práctica investigando este tipo de hechos y sancionando a quien corresponda. Esta es la mejor reacción que demostraría transparencia y sensatez.

Finalizamos pues pidiendo a las Administraciones, Juzgados, Fiscalía que estudien con mayor sensibilidad y credibilidad las denuncias que se reciben diariamente de los ciudadanos por malos tratos y torturas, adoptando las medidas cautelares legalmente previstas para que los funcionarios no sigan prestando sus servicios entre tanto se deslucida su responsabilidad.

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