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"Francisco Franco era mucho más benévolo en materia penitenciaria que el gobierno de Zapatero"

Una ley penitenciaria promulgada por España durante la época franquista advertía en su articulado que la reclusión de presos por espacios de tiempo superiores a 15 años conllevaba “daños irreversibles” y que, en muchas ocasiones, un internamiento tan prolongado desembocaba en “situaciones de demencia”. Actualmente, según denuncia César Manzanos, portavoz del colectivo que trabaja en apoyo a los presos Salhaketa, las reclusiones en prisión pueden dilatarse hasta los 40 años, con lo que los efectos sobre los internos pasan de irreversibles a “dramáticos”. “Francisco Franco era mucho más benevolente en materia penitenciaria que el actual gobierno de Rodríguez Zapatero”, aseguró ayer Manzanos.

El representante de Salhaketa realizó esta valoración durante la presentación del listado de reclamaciones que la plataforma vasca contra la construcción de macrocárceles -integrada por el propio colectivo, Arrats-Donostialdea y Loiola Etxea- remitirá en breve a los partidos políticos. Puesto que Álava sólo cuenta con 400 ciudadanos presos y Gipuzkoa con 600, las asociaciones reclaman el abandono de los proyectos de macrocárceles y piden la construcción de centros de pequeño tamaño y especializados en reinserción. En este sentido, Manu Arrue, de Loiola Etxea, aseguró que al Gobierno central le sale más caro mantener a una persona en una cárcel estándar -30.000 euros por reo y año- que en un centro de cumplimiento alternativo.

José María Larrinaga, del colectivo Arrats, señaló que aunque el titular vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, les ha comentado en varias ocasiones que Madrid no cede las competencias en materia penitenciaria y que el Gobierno Vasco no puede impedir que Instituciones penitenciarias desarrolle sus propios programas en Euskadi, “es posible lograr mucho sin tener ese tipo de atribuciones”.

En cuanto a la última muerte registrada en el penal alavés, Marta Aldanondo, de Salhaketa, anunció la intención del colectivo de personarse en nombre de la familia en las diligencias previas que el juzgado de instrucción número dos de Vitoria sigue para aclarar lo sucedido. Tras conocer el resultado de la autopsia, no descartan denunciar a Instituciones Penitenciarias.

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