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Denuncia de intervencion policial en zonas de exclusión en Córdoba


Al Sr. Subdelegado del Gobierno de Córdoba. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía junto a Proyecto Don Bosco, Encuentro en la Calle, Kala, Secretariado Gitano, Secretariado de Desarrollo Gitano de Córdoba y Panyabi.

1.- Que las entidades que suscriben el presente, a través de su labor de intervención social y denuncia en los barrios de nuestra ciudad donde la exclusión social tiene una mayor incidencia, han detectado en los últimos meses reiteradas intervenciones de los Fuerzas de Seguridad del Estado en estas zonas de Córdoba que a nuestro juicio deben ser calificadas como desproporcionadas; en lo que respecta al número de efectivos policiales utilizados, al perfil aleatorio de los/as ciudadanos/as objeto de las mismas, al uso excesivo de la fuerza y a los abusivos registros personales a los que de forma indiscriminada se someten a los vecinos de la zona, sin que exista una previa justificación individualizada de los mismos.

2.- La última intervención de este tipo tuvo lugar el pasado lunes 16 de febrero, en torno a las 19 horas, en la calle Libertador Simón Bolívar, Manzana 11 del barrio del Guadalquivir. El inicio de la misma se produjo cuando efectivos de la Policía Nacional que intentaban identificar a un ciudadano consideraron que el resto de vecinos/as allí presentes estaban obstaculizando la operación policial, procediendo a solicitar refuerzos.

Respondiendo a la citada demanda, acudieron a la zona varias dotaciones de la Policía Nacional en un número a todas luces exagerado, con material antidisturbios, empleándose desde el primer momento con unas formas muy poco respetuosas con los derechos y dignidad de los/as ciudadanos/as allí presentes y con una fuerza desmedida que utilizaron indiscriminadamente sobre hombres, mujeres y niños, llegando incluso a efectuar disparos al aire. Queremos resaltar que ante la desproporcionada actuación policial, los/as vecinos/as del barrio que la presenciaron y padecieron mantuvieron en todo momento una actitud pacífica, acatando las ordenes que en un tono injustificadamente amenazante y despectivo impartían los agentes, pidiendo a estos últimos tranquilidad para que la situación no se desbordara aún más.

En virtud de lo expuesto solicitan;

Que se tenga por presentado este escrito, procediendo esta Subdelegación del Gobierno, a la mayor brevedad posible:

1.- A impartir las instrucciones oportunas para que cesen de inmediato las reiteradas actuaciones policiales desproporcionadas de las Fuerzas de Seguridad del Estado bajo su competencia en las zonas de la ciudad de Córdoba calificadas como necesitadas de transformación social. Exigimos este cese por una parte en aras al respeto real y efectivo de los derechos fundamentales individuales de todos/as los/as ciudadanos/as cordobeses/as que residen en estos barrios, pero también por otra para evitar el efecto estigmatizante colectivo que conllevan este tipo de acciones que se concretan sobre grupos sociales y zonas específicas de la ciudad.

Consideramos injustificado y discriminatorio que situaciones que en un barrio de Córdoba se considera que pueden manejar dos efectivos de la policía de proximidad, en otro conlleven automáticamente la presencia de un nutrido grupo de fuerzas de intervención; o que en una calle de nuestra ciudad sea impensable que un agente efectúe un disparo al aire, mientras que en otra pueda llegar a ser algo rutinario.

Si la Administración, y dentro de ella las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por supuesto, debe liderar los esfuerzos para una verdadera inclusión social en las zonas de nuestra ciudad más deprimidas, consideramos que actuaciones como las que aquí denunciamos son totalmente incompatibles con ese deber; muy al contrario favorecen a la consolidación de las causas de la exclusión social.

2.- A abrir una investigación sobre los hechos que tuvieron lugar el pasado 16 de febrero en la calle Libertador Simón Bolívar, Manzana 11 del barrio del Guadalquivir, para determinar y depurar las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido tanto los agentes de la Policía Nacional que intervinieron directamente en los mismos, como sus superiores que ordenaron y coordinaron la actuación.

3.- A mantener informados a los colectivos y entidades sociales firmantes de este escrito del resultado de las medidas interesadas.

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