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Prodeni insiste en la “indefensión” de los menores internos en centros de protección

La Asociación Pro-Derechos del Niño y de la Niña, Prodeni, insistió este sábado en afirmar la “indefensión” de los niños internados en centros de protección para menores con trastorno de conducta en Andalucía, pues, según afirmó la entidad, éstos “no son informados de su derecho de queja y denuncia ante el Ministerio Fiscal y el Defensor del Menor, ni se les facilitan los cauces para poder ejercitarlo”.Según indicó el portavoz de Prodeni, José Luis Calvo, “son muchos los testimonios recabados de menores que han estado o están en centros de acogida de la Junta y ninguno reconoce que le han informado o facilitado los cauces para dirigirse al Fiscal del Menor y al Defensor del Menor, algo que, sin embargo, recoge la normativa legal y la normativa andaluza en concreto”.

Así, el portavoz respaldó el informe presentado recientemente por Amnistía Internacional en el que la organización afirma que la existencia de “lagunas legales crea una situación de impunidad a los abusos que se producen en estos centros” y criticó que la Junta haya reprochado a la ONG que no haya acudido a las instituciones a dar cuenta de lo investigado, ya que, según afirmó, “cuando se acude a la Administración, como ha hecho Prodeni, ésta hace caso omiso a los informes y denuncias”.

De este modo, apuntó que “hace mucho tiempo que Prodeni viene advirtiendo” que el sistema de Protección de Menores de la Junta de Andalucía “excluye a los niños y niñas bajo tutela del conocimiento de sus derechos”, y eso a pesar de leyes como la Convención de Derechos del Niño, de 1989, la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, La Convención Europea del Ejercicio de los Derechos del Niño, de 1996, La ley andaluza 1/98 de 20 de Abril de Derechos y Atención al Menor.

Según Calvo, tal actitud de no informar de sus derechos a los niños bajo tutela de la Junta de Andalucía, es “general en el Sistema de Protección de Menores”, pero también se detecta una “notable e inexplicable despreocupación de los Equipos Técnicos, como si no fuera vital que los menores tutelados estén informados o como si las leyes y normativas no estuvieran ahí para ser cumplidas”.

Además, incidió en que “no es la primera vez” que la asociación se ha dirigido a la Administración e, incluso, al Parlamento andaluz para reclamar mayor información a los menores de sus derechos, pues “no cabe duda de que los niños bajo tutela administrativa proceden de ambientes y circunstancias en los que el conocimiento y disfrute de sus derechos suele brillar por su ausencia”.

A tal efecto, destacó el Decreto 42/2002 de 12 de Febrero que en su artículo 17.4, dice que la “Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Fiscalía y el Defensor del Menor de Andalucía, pondrá a disposición de los menores sujetos a medidas de protección, los medios adecuados para que puedan plantear directamente ante aquellos, sus problemas y necesidades, o presentar, en su caso, las quejas y reclamaciones que consideren conveniente para la defensa de sus derechos“.

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