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FPO o cómo hacer un negocio redondo a costa de los parados

Algunas asociaciones y empresas reconocen en privado partidismo en el reparto de subvenciones para financiar acciones formativas, mientras que en el PP aseguran que “algunos empresarios están obteniendo pingües beneficios con estos cursos”

En Córdoba capital ya hay registrados en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) más de 74.000 personas sin trabajo, de los cuales más de la mitad llevan en el paro más de un año. Los datos son de vértigo y no hacen más que volver a dejar en evidencia la escasa eficacia de las políticas activas de empleo del Gobierno andaluz, uno de los capítulos a los que la Junta de Andalucía dedica más recursos económicos cada año.

Las críticas acerca del despilfarro que supone la Formación para el Empleo a la vista de los pírricos resultados que evidencian las estadísticas de desempleo no son nuevas, a pesar de que desde la Consejería de Empleo se estima que el índice de inserción laboral de los cursos de Formación Profesional Ocupacional ronda el 60 por ciento en la provincia.

En este sentido, la última llamada de atención ha sido la realizada por el Observatorio Económico de Andalucía, que en su último informe de enero de 2010 considera que “el clamoroso fracaso de las políticas activas de empleo y el derroche de recursos en programas de formación, que tan costosos e inútiles se han manifestado, corresponden a la Comunidad Autónoma y deben ser revisados en profundidad”.

‘Trama de intereses’

El informe va aún más allá en sus críticas al poner en tela de juicio la transparencia de unas políticas de empleo que para muchas empresas privadas e instituciones se han convertido en la gallina de los huevos de oro con la que llevan haciendo su agosto durante años a costa de los parados. “En torno a la formación profesional se ha desarrollado una importante, y no siempre transparente, trama de intereses en la que diferentes instituciones pugnan por la gestión de programas que consumen cantidades ingentes de recursos públicos”

En la provincia de Córdoba, más de 500 entidades, la mayoría de ellas empresas privadas, están acreditadas como centros de formación y compiten entre sí por obtener las subvenciones para financiar las acciones formativas que cada año aprueba la Junta. Unos programas que se sustentan con importantes partidas que gestionan directamente estas entidades y cuya concesión no deja de estar bajo sospecha.

Algunas ONGs y empresas cordobesas consultadas por este semanario reconocen la falta de transparencia y el partidismo en los procesos de adjudicación de los programas de FPO, aunque declinan manifestarse públicamente por miedo a perder las subvenciones que reciben de la Junta de Andalucía para otro tipo de proyectos o no volver a recibir fondos para llevar a cabo más cursos como medida de represalia.

Desde las filas del Partido Popular cordobés, el parlamentario andaluz y alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, asegura que “existe un uso partidista de los fondos para cursos y programas de empleo. Sabemos que hay algunos empresarios que están obteniendo pingües beneficios con estos cursos y hemos solicitado información en el Parlamento para conocer a qué entidades se les da los fondos y qué se está haciendo con este dinero”.

Suculentas subvenciones

La programación aprobada por la Junta en 2009, que se pondrá en marcha a lo largo de este año, cuenta con un presupuesto de 28,5 millones de euros con el que se prevé financiar un total de 772 cursos de formación para 9.350 personas, de los cuales 432 (60%) se desarrollarán en la capital, según datos de la Delegación de Empleo. Los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) gestionarán 4,8 millones de euros, mientras que el resto del presupuesto irá destinado a entidades privadas, ONGs y otros organismo públicos de la capital y la provincia.

En virtud del Decreto 335/2009, que regula la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, cada entidad privada debe recibir entre 9 y 13 euros por hora y alumno para financiar los programas de formación presencial que les sean adjudicados. En base a estas cifras, una entidad que desarrolle un curso de 350 horas para 20 alumnos puede recibir entre y 63.000 y 91.000 euros, con la salvedad de que “podrá incrementarse hasta en un 50 por ciento el módulo económico superior de la modalidad presencial, en función de la singularidad de determinadas acciones formativas”, matiza el Decreto.

Asimismo, se establecen partidas adicionales para sufragar el coste salarial del personal encargado de llevar a cabo las acciones formativas. En las tablas salariales, que fueron actualizadas el pasado mes de enero, se establecen los emolumentos del personal técnico en 31.817 euros por año y persona, los del personal técnico con titulación de Formador Profesional en 26.212 euros y los del personal de apoyo administrativo en 22.272 euros.

Como ejemplo de las cuantiosas subvenciones que concede la Junta a algunas entidades puede servir una de las últimas resoluciones publicadas en BOJA del 8 de febrero de 2010, aunque correspondiente a la programación aprobada en 2009, donde se concede a Corporación Empresarial Séneca, sita en Córdoba, un total de 242.337 euros para la realización de una Escuela de Empleo sobre Energías Renovables.

Sin seguimiento ni evaluación

¿Pero cuáles son los resultados de las políticas activas empleo? Según la Junta de Andalucía, la recolocación alumnos de cursos de FPO oscila en torno al 60 por ciento, sin embargo lo cierto es que no se han llevado a cabo informes de evaluación y seguimiento de las acciones formativas desde el año 2005, a pesar de que el Decreto que regula la Formación para el Empleo deja bien claro que cada año deben publicarse en la página web del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) los resultados e índice de inserción laboral de los programas que se han desarrollado.

En el Partido Popular lanzan una cuestión al Gobierno andaluz: “¿qué se está haciendo por generar empleo estable?”, se pregunta Bartolomé Madrid, quien recuerda que su grupo parlamentario ha presentado recientemente “una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a que las convocatorias de programas de formación estén resueltas en un máximo de seis meses -ahora llegan a dilatarse hasta un año- y se haga una evaluación de los resultados”.

Y es que cada vez son más las voces díscolas que reclaman abiertamente una profunda reorientación de las políticas activas de empleo, ya que, en el caso de los cursos que son remunerados -como sucede con algunos de los acogidos al Plan de Mejora de Empleabilidad (Memta)-, más que para crear empleo, “se están convirtiendo en un subsidio al estilo del PER”, critica Madrid.

La Calle De Córdoba

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