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Vivir junto al almacén nuclear

movilizaciones en la década de los 90 en el Valle de los Pedroches

Desde hace 20 años, Hornachuelos y tres municipios más comparten sus días con el almacén de residuos radiactivos de El Cabril. No le tienen miedo, pero se preguntan dónde están los beneficios prometidos

Catorce pueblos de cinco comunidades autónomas han pujado para quedarse el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos, y los ocho finalistas esperan veredicto en cuatro o cinco meses. En mitad de todo el revuelo mediático suena el nombre de El Cabril, en el noroeste de Córdoba, el único almacén nuclear que por el momento existe en España. Una vuelta por sus alrededores -por Hornachuelos, Fuente Obejuna y varias de sus aldeas y pedanías- deja un rastro de vecinos que digirieron la proximidad hace ya mucho tiempo, aunque a más de uno le haya provocado ardores. Apenas hay debate, y casi nadie plantea a estas alturas el desmantelamiento de El Cabril: los más críticos quieren verle la fecha de caducidad, mientras que la mayoría exige más compensaciones.

Aquí la cosa estuvo al rojo vivo hace 20 años, cuando el Gobierno decidió ubicar un almacén de residuos nucleares de media y baja actividad en el término, cerca de una antigua mina de uranio que desde 1961 se usaba para guardar bidones de basura radiactiva. Los vecinos se opusieron, se manifestaron, patalearon. Pero el Ayuntamiento concedió la licencia. El Cabril arrancó en 1992 y el rechazo inicial se ha diluido ante algo que al menos ha dado algunos beneficios y, que se sepa, ningún susto. “Nos rendimos y muchos de los críticos terminaron trabajando allí”, resume Julia Rodríguez, presidenta de la Asociación de Mujeres Azahar 2000. Emplea a 30 de los 4.700 habitantes de Hornachuelos (eran más de 5.000 hace 10 años), que apenas tiene industria ni empresas asentadas y vive de los cítricos, el corcho, la miel, las monterías. “Y del PER [Plan de Empleo Rural]”, apostillan algunos. Dicen que cuando acabe la recogida de la naranja y la aceituna subirá el paro a más del 40%.

“Ni pensamos ni hablamos de El Cabril. No forma parte de nuestras vidas, supongo que como mecanismo de defensa; no puedes estar continuamente con el ¡ay! del peligro”, reflexiona Ana Mari Becerra, de Azahar 2000. “La mayoría de los jóvenes casi ni saben que existe, y no creo que eso sea bueno”, añade. Resulta más sencillo mirar para otro lado cuando uno vive en un municipio de 95.000 hectáreas, uno de los más extensos de España, separado del silo nuclear por el parque natural Sierra de Hornachuelos y 40 kilómetros de carretera de montaña jalonados de vallas, portones y cadenas con candados. Más del 90% de este suelo es privado, pertenece a enormes fincas donde se organizan monterías de alto copete.

A la vuelta de un zigzag del camino aparece un cartel que anuncia el almacén centralizado, con el nombre de quien lo gestiona: Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos). Hasta aquí viajan unos 1.200 metros cúbicos anuales de basura, que será radiactiva durante 300 años, procedente de hospitales, industrias, centros de investigación y de las seis centrales nucleares españolas. Si el plan energético no cambia y el último de los ocho reactores en funcionamiento se apaga hacia 2030, el complejo tiene capacidad para albergar todos los desechos de media y baja actividad que se generen hasta ese momento. 176.300 metros cúbicos en total. Cuando eso ocurra y termine su vida útil, las dos plataformas de almacenaje montadas en esta finca de 1.126 hectáreas serán selladas, cubiertas por una colina artificial plantada de verde y similar a las de su entorno, controladas por un programa de vigilancia.

El Cabril ofrece una estampa de competencia, de que todo está bien pensado y resuelto. Los bidones radiactivos entrando en camiones, el puente-grúa trasladándolos, depositándolos, siempre en sólido, con metros de hormigón recubriéndolo todo. Periódicamente se analizan muestras de aire, agua, vegetación, caza, pesca, y se envían al Consejo de Seguridad Nuclear. “No hay impacto sobre el entorno”, asevera la técnica de comunicación Montse Pérez Camacho, que ejerce de cicerone. Y ése es el único dato disponible por ahora, a la espera de que se haga público un estudio epidemiológico sobre efectos de las radiaciones elaborado por el Instituto Carlos III de Madrid.

“Las estructuras resistirían un terremoto de 7,8 en la escala Rich¬ter, que es un grado y medio más del máximo previsto en la zona”, prosigue nuestra guía mientras conduce por claustrofóbicas galerías en el subsuelo. Forman la red de control de infiltraciones: si a una gota de agua se le ocurriera burlar todas las barreras y aislantes, tocar producto contaminado e intentar seguir su camino, sería recogida aquí abajo, en un sumidero, y retenida. Son explicaciones para rebatir dos argumentos que enarbola la asociación ecologista local Hornasol: la finca está situada en zona sísmica y con mucha agua cerca, de arroyos que vierten en el pantano de Bembézar.

“Es evidente que tenemos al lado algo potencialmente peligroso”, afirma Cándido García, profesor del colegio público Victoria Díez, ex concejal de IU, y que defiende las renovables. “No es serio decir no a las nucleares, a los cementerios o a los combustibles fósiles, pero tampoco plantear alternativas; y el hecho es que generamos residuos radiactivos que hay que guardar en algún sitio”, replica Javier Soligó, director del centro. El debate se reproduce media hora después con alumnos de 11 años, de sexto de primaria, que nunca han tratado en clase el tema del almacén nuclear, pero saben lo que es.

La mayoría de las conversaciones terminan escorando de lo medioambiental a lo económico. Como la que tiene lugar, ya por la tarde, con la asociación de padres y madres del Victoria Díez. El presidente, José Arévalo, se pone rabioso cuando piensa en los inconvenientes que causa El Cabril: “Vamos a Fitur a promocionar nuestro parque natural y nos preguntan qué hace un parque natural dentro de un cementerio nuclear. Prometieron que traería desarrollo económico a la zona… ¿Dónde está?, ¿dónde están los beneficios?”, exclama.

Una orden ministerial fija la asignación económica que reciben anualmente cuatro localidades por su proximidad a El Cabril. En 2009 les correspondieron 1.900.000 euros: el 50% para Hornachuelos, cerca del 26% para Fuente Obejuna y el 24% restante a repartir entre Las Navas de la Concepción y Alanís). Ahora, los cuatro alcaldes piden más fondos porque no quieren que se produzca un “agravio comparativo” respecto al futuro ATC, que, según Industria, creará hasta 500 empleos y dejará seis millones de euros al año. “Yo no sé si es que no han sabido o no han podido negociar mejor, pero la gestión municipal de ese dinero ha sido pésima, da igual el partido”, piensa el educador Manuel Ruiz. No es ni el primero ni el último en decir algo parecido.

Miguel Pulgarín, presidente de la asociación de empresarios de Fuente Obejuna, critica el silo nuclear por no nutrirse lo suficiente de servicios, productos o suministros de su área de influencia. “Nosotros lo tenemos, pero se benefician los de fuera”, se queja Pulgarín. Al lado del empresario están Jessica y Melisa, de 18 años, que preferirían otra industria cerca de casa, y otra apuesta energética. Por su culpa, los productos de la zona despiertan recelos, lamenta el agricultor y ganadero José Antonio Agredano. Miguel, de 14 años, lo ve bien porque da trabajo y mal porque ¿y si ocurre un accidente? El policía local Sebastián Fernández mantiene que “no se ha explicado bien qué hay aquí y cuáles son sus riesgos”.

Estas opiniones compendian sin buscarlo buena parte de los pareceres recogidos en el entorno de Fuente Obejuna, al norte del silo, mejor comunicado con él que Hornachuelos, que queda al sur. Pero hay más, y con infinidad de matices. “Te enteras de tres o cuatro casos de cáncer seguidos y te da que pensar, pero luego compruebas que en otras partes ocurre lo mismo, y bueno, prefieres no darle más vueltas”, cuenta una vecina. Muy pocos entrevistados se muestran radicalmente a favor o radicalmente en contra del almacén. La más fan, Mercedes Sánchez, lleva 15 años trabajando en él como administrativa. “Nunca me he sentido amenazada. Todo el mundo está tranquilo, lo ven como algo seguro”, aporta.

En una comarca donde los jóvenes emigran por falta de futuro laboral, un contrato en El Cabril (117 personas en plantilla) es para muchos lo más parecido a que les toque la lotería. El Consejo Local de Participación Ciudadana de Hornachuelos incluye en sus reivindicaciones a Enresa que el 60% de los trabajadores de El Cabril sean del pueblo. Y conversaciones con representantes vecinales terminan con la coletilla: “Hay descontento porque nadie de la aldea está empleado allí”. “Yo era muy contraria, pero da trabajo, con buenos sueldos… Hay que ser prácticos”, tercia Carmen Lourdes Mohedano, presidenta de la Asociación de Mujeres de La Coronada, una de las 14 aldeas de Fuente Obejuna. Argallón, el núcleo de población más próximo al silo atómico, por donde pasan los camiones con residuos, tiene más que asumido lo que se alza carretera arriba, a 24 kilómetros. “No me gusta”, espeta el cliente de un bar. “Los mayores dicen que es malo, pero los jóvenes… ni fu ni fa”, dice Andrea, la dueña.

Los sentimientos se han templado. También es verdad que Enresa ha dedicado mucho esfuerzo a promocionarse y explicarse. Cuando las movilizaciones anti-Cabril de los noventa, invitó a ir a Madrid a los vecinos más preparados, susceptibles de influir en las opiniones de sus conciudadanos. “Nos daban charlas y nos trataban a cuerpo de rey”, recuerda Pilar López, maestra en Hornachuelos. Pilar no volvió convencida, pero “sí, al menos, sabiendo lo que era”. Casi 30 años después, sigue sin agradarle, pero reconoce que “es el precio a pagar por comodidades como darle a un interruptor y tener luz. Pienso, o quiero pensar, que todo está controlado”. Como Pilar hay muchos.

Otros muchos muestran fastidio porque el debate sobre el nuevo ATC vuelve a ponerlos bajo los focos, junto a un cementerio nuclear. La Asociación de Citricultores de Hornachuelos invita a comer en la pedanía de Mesas del Guadalora: el 90% de sus 60 millones de kilos anuales (que se duplicarán en tres años) se vende como naranja valenciana. ¿Y si se sacara una denominación de origen de Hornachuelos? “Quizá no fuera conveniente”, reconoce un directivo. “No hay problemas con nuestra miel, la gestión medioambiental de El Cabril es un referente mundial”, ataja Ángel Fernández, presidente de la Asociación de Apicultores de Córdoba, con 100 familias y una producción de tres millones de kilos al año. El problema, en su opinión, radica en que El Cabril no ha venido acompañado de un proyecto socioeconómico. “El pueblo que vaya a quedarse con el ATC, que amarre muy bien el acuerdo”, aconseja. Puestos a asumir el riesgo, que por lo menos lo paguen bien.

(Fuente: El País)

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  1. 22 febrero 2010 en 9:25 pm

    A LA PERIODISTA SE LE HA OLVIDADO RESALTAR QUE EL PUEBLO HA BAJADO EN POBLACIÓN, QUE HAY QUE PONER FECHA DE CADUCIDAD AL CABRIL, QUE HA HABIDO INFILTRACIONES DE AGUA EN CELDAS Y QUE NO HAY PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR. ENRISA SE RIE DE HORNACHUELOS
    HASTA QUE EL PUEBLO LEVANTEMOS

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