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Nueva inundación en las parcelaciones ilegales en la Vega

Ecologistas en Acción denuncia, una vez más, el grave problema social y medioambiental que representan las construcciones ilegales de la Vega. La situación generada por la apatía de las Administraciones Públicas demanda una solución definitiva que no pasa precisamente por la legalización de las parcelaciones afectadas por la crecida del caudal del río Guadalquivir.

Casi un año después de las históricas inundaciones de las parcelaciones ilegales de la Vega de Córdoba, el río Guadalquivir vuelve a ocupar las zonas que tradicionalmente le pertenecen. Una vez más, el tiempo nos da la razón. Construir ilegalmente ocasiona graves problemas no sólo medioambientales sino también sociales.

Desde hace décadas venimos exigiendo la aprobación de medidas que pongan fin a estos problemas. Las autoridades políticas, administrativas y judiciales han hecho, una y otra vez, oídos sordos a nuestras advertencias. En los inviernos lluviosos se inundan parte de las construcciones ilegales de la Vega, en los veranos calurosos se desalojan por peligro de incendio forestal las construcciones ilegales de la Sierra.

Para Ecologistas en Acción la solución de este gravísimo problema social y ambiental requiere de la adopción de un Programa de Actuación Integral, con la implicación de todas las Administraciones Públicas, que posibilite recuperar los terrenos afectados –previo derribo de las construcciones ilegales- para su uso potencial (agrícola y de conservación), así como medidas de ayuda e integración para las familias con menos recursos, las que verdaderamente se demuestren que están exponiendo sus vidas y sus pertenencias por auténtica necesidad. El resto de propietarios sólo deberían de esperar la aplicación de la disciplina urbanística y la actuación de la autoridad judicial.

La solución no es la legalización de estas parcelas ilegales, como dicen los directamente afectados y algunos rentabilistas con ansias de poder político. Por el contrario, la legalización de estas parcelaciones ilegales, implicaría tener que actuar sobre el río, con el coste económico y ambiental que ello supondría. Además, con la regularización, lo único que se lograría, muy posiblemente, sería favorecer la expulsión de las familias con menos recursos, incapaces seguramente de asumir el coste del proceso de urbanización. Al final, los que están allí por un gesto de pillería y deslealtad con el resto de ciudadanos, los mismos que podrían permitirse vivir en una zona urbana legalmente establecida, serían los únicos beneficiados. Las Administraciones Públicas y la sociedad en su conjunto no deberíamos de consentirlo.

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