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Presentación del informe Derechos Humanos en Córdoba 2010

El actual contexto de crisis está diversificado los límites y los perfiles de la exclusión social. Así, por ejemplo, están apareciendo personas que antes contaban con una única fuente de ingresos, que han perdido su empleo, y ahora no pueden hacer frente al pago de su vivienda o cubrir sus necesidades básicas.  Esto supone que muchas personas caen, por primera vez, por debajo del umbral de la pobreza, algo que no les hubiese ocurrido en una situación económica favorable. De este modo, aumenta la urgencia en la cobertura de necesidades básicas. En esta situación se encuentran el 18% de los hogares de Córdoba, según el Informe sobre condiciones de vida (IESA 2009-2010), tienen recursos bajos. El problema fundamental de estos hogares no es de exclusión, sino de carencia de ingresos económicos o la insuficiencia de los mismos para satisfacer sus necesidades. En concreto, en nuestra ciudad, los hogares en riesgo de exclusión social son un 35,1% (ancianos con escasos recursos económicos y sector desempleados). Junto a estas nuevas pobrezas, seguimos encontrando hogares que se encuentran en situación de exclusión, los que experimentan de manera simultánea problemas en todas las dimensiones, son un 6,4%. Algunos colectivos o espacios que merecen especial atención son:

Prisión: Continúa la aberración de personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual privadas de libertad en el Centro Penitenciario de Córdoba. En la gran mayoría de los casos las denuncias se interpusieron por los propios familiares pidiendo que las administraciones les ayudasen a afrontar la situación, nunca a encerrarlos. Entre el 10 y el 20 % de los presos cordobeses padecen una enfermedad mental grave y el 2-3% discapacidad intelectual. Bastaría con destinar el presupuesto de estos presos en centros en el exterior. Esta vulneración no tiene amparo, la insensibilidad es insuperable. Está fuera de todo lugar que la responsable de prisiones Mercedes Gallizo no cese de decir que “Las personas que han cometido un delito precisamente porque sufren una patología psiquiátrica no pueden acabar en una prisión, sino en un centro sanitario especializado que los trate como lo que son, enfermos, no como delincuentes” y no haga nada para evitarlo. Las administraciones estatal y autonómica no dejan de responsabilizarse mutuamente, mientras estas personas y sus familiares se ven injustamente sufriendo la situación.

No cesan las denuncias de presos sobre malos tratos en prisión. Se trata de una situación incontrolable ante la escasa implicación de la dirección del centro y de los servicios sanitarios, que deberían abrir investigaciones y emitir partes médicos. Por ello y porque el forense no acude hasta pasado más de un mes, los autores quedan impunes.

No se facilita la comunicación del interno con sus familiares y amigos. La red de transporte existente de AUCORSA sigue siendo insuficiente e inadecuada, a pesar de que bastaría con alargar tres kilómetros el trayecto de la línea de la Barriada del Ángel, que dista con prisión. El número de presos que cumplen actualmente condena fuera de nuestra provincia es elevado, alrededor del 15%

Condiciones de vida y percepción de la ciudadanía cordobesa sobre la población inmigrante: Se certifica (según el INE)  un año más la escasa presencia de población inmigrante en la provincia (la media nacional es del 12,08%, mientras que en la provincia los/as residentes extranjeros/as tan sólo representan el 3,08% de la población, reduciéndose al 2,82% en Córdoba capital). Este dato contrasta con que  el 28,9% de los/as cordobeses/as (informe IESA) perciban como un problema “la concentración de población inmigrante”, a lo que se une un dato muy preocupante: el 21,2% de los/as cordobeses/as de nacionalidad española bajo el umbral de la pobreza van más allá y califican de “molesta” la convivencia con sus vecinos/as extranjeros/as (IESA). Para la APDHA lo anterior refleja que la situación de crisis unida a los mensajes irresponsables vertidos desde ciertas instancias político-mediáticas constituyen un peligroso caldo de cultivo para la xenofobia, especialmente entre aquellas capas sociales de nacionalidad española con problemas de exclusión. Y ello con la triste paradoja de que es el colectivo inmigrante el más golpeado por la crisis, ya que el perfil de exclusión social “Inmigrantes sin empleo con problemas de infravivienda o hacinamiento” (IESA) representa el 1,6% de la población de la capital (es decir, más de la mitad del total de personas inmigrantes en Córdoba, que representan el 2,82% de los/as cordobeses/as).

Empleo.- La provincia de Córdoba se sitúa en el último trimestre de 2010 como la provincia con más paro de Andalucía y de España, alcanzando una tasa de paro del 31,22%. En este contexto, hay que destacar que el paro femenino en Córdoba es también el más alto de España, con un 37,30%

Recortes silenciados de la protección social de las personas más excluidas.- Algunas partidas destinadas a proyectos de  integración de personas en situación de exclusión han sufrido una disminución de  hasta el 80%.

Plan de Inclusión Municipal. A la APDHA le alegra saber que el Ayto. de Córdoba pretende aprobar un Plan de Inclusión. Sin embargo,  debemos denunciar que, la forma en la que se está fraguando es bastante deficitaria, ya que no se han generado canales de información y participación para todos los colectivos sociales que trabajan en este ámbito. Los borradores que actualmente existen del Plan son muy generalistas y adolecen de un análisis real de la población que sufre la exclusión social.

Vivienda: 2010 un año más sin una verdadera política pública de vivienda.- Consideramos imprescindible impulsar la construcción de viviendas sociales, la paralización de los procedimientos de desahucio, la transparencia y publicidad de los criterios de acceso a las viviendas sociales de titularidad de la Junta, la revisión del “registro- baremo” de VIMCORSA y una mayor coordinación entre la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, EPSA, VIMCORSA y los Servicios Sociales Comunitarios

Prostitución: Nos preocupa la solicitud durante 2010 de una ordenanza municipal que regule la prostitución callejera. Hasta el momento en Córdoba, el ejercicio de la prostitución callejera es mínima, y sin grandes conflictos, y cuando los hay,  en la mayoría de ocasiones las más perjudicadas son propias mujeres que están en la calle.

Pero en estos tiempos difíciles también surgen actitudes solidarias desde la ciudadanía dignas de poner en valor para mostrar que sí existe una “salida social” al actual contexto de crisis. En este sentido, la Delegación de Córdoba de la APDHA ha decidido otorgar el Premio de Derechos Humanos 2010, que se entregará mañana día 10 en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Córdoba a:

– Asociación San Rafael de Alzheimer y otras Demencias.

– Rafael Marín, gerente de “Steel Build, SL”. Pequeña empresa cordobesa, en torno a 3-5 trabajadores. Se dedica al sector de la construcción y las reformas desde hace más de 6 años. Creemos que Rafael, representa a la perfección al ciudadano anónimo que integra en sus responsabilidades profesionales diarias el compromiso social hacia aquellas personas más desfavorecidas.

Ambos premiados, en un momento donde las tasas de desempleo están alcanzando cotas desconocidas desde hace mucho tiempo, apuestan por la inserción laboral de aquellas personas que tienen más difícil el acceso al empleo. En concreto, le han dado la oportunidad de acceder al mundo del trabajo a jóvenes de origen inmigrante que han estado bajo tutela, que al cumplir la mayoría de edad se encuentran en un situación de especial desprotección por el desarraigo familiar y social, por los problemas de documentación, de vivienda… Además, consideramos que es más meritoria aún esta apuesta solidaria por el hecho de que en el actual contexto puede no ser entendida por los citados grupos sociales en los que están arraigando los recelos ante nuestros/as vecinos/as de nacionalidad extranjera.

 

informe DD HH Córdoba 2010

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