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Ecologistas en Acción reclama que se procese a Rosa Aguilar por la Colecor

La organización conservacionista Ecologistas en Acción anunció ayer que emprenderá acciones legales conducentes a que se produzca una investigación “seria” sobre la actuación municipal en torno a las naves de Colecor por parte de la empresa Arenal 2000 a raíz de que su propietario, el candidato de Unión Cordobesa Rafael Gómez, haya declarado que recibió un permiso verbal de “quienes mandaban en el Ayuntamiento” para construir el complejo de la carretera de Palma del Río antes de que se contara con una licencia vigente. La organización ecologista aseguró, en concreto, que pedirá al Tribunal Supremo que emita un suplicatorio que permita una instrucción penal y el “procesamiento” de la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar.

Desde la presentación de su candidatura, Rafael Gómez ha realizado varias declaraciones públicas -recogidas por distintos medios de comunicación- en el sentido de que el Ayuntamiento sabía cuáles eran sus planes de construir un centro comercial de venta al por mayor y que de forma tácita se le dio el visto bueno para seguir adelante con sus planes. En las declaraciones realizadas a la televisión local Vive Una fue aún más explícito asegurando que ese permiso se pidió a quien ostentaba el poder municipal y que se obtuvo una autorización “verbal” para que las obras se desarrollaran. Además, aseguró que se tuvieron reuniones directas con Rosa Aguilar, la última de ellas cuando era consejera de la Junta de Andalucía, para minorar la multa de 24,6 millones de euros y dejarla en 6.000 euros. El actual alcalde, Andrés Ocaña, que no fue citado de forma explícita por Gómez, calificó esas declaraciones de absurdas. “Uno de los implicados dice en voz alta lo que era evidente, esto es, que es imposible no ver la construcción de semejante estructura hasta su conclusión, sin que se hubiera precintado la obra con anterioridad”, afirma la organización conservacionista.

Un portavoz de Ecologistas en Acción -que emitió un comunicado durante la mañana de ayer- explicó que las palabras de Rafael Gómez son lo suficientemente relevantes como para constituir un indicio de que se ha cometido un presunto delito de prevaricación al permitir desde la autoridad municipal una construcción sin licencia mediante la omisión de los controles municipales. La prevaricación es la comisión de un acto injusto a sabiendas en el ejercicio de las funciones del funcionario, la autoridad o el juez que entiende de un asunto. La prescripción de este tipo delictivo se produce a los diez años de su supuesta comisión. La Constitución, según el artículo 102, dice que es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo donde se tienen que sustanciar los asuntos que impliquen la responsabilidad legal de los miembros del Gobierno aunque, en este caso, de lo que se está hablando es de un hecho muy anterior a la llegada de Rosa Aguilar a la cartera de Medio Ambiente.

En concreto, desde Ecologistas en Acción se asegura que las palabras de Rafael Gómez tienen el carácter de una “autoinculpación” puesto que lo que se describe es un acto presuntamente ilegal, como es dar un visto bueno “verbal” a la construcción del edificio. El candidato de Unión Cordobesa nunca ha citado a nadie en concreto como responsable último de esa autorización oral sino que siempre ha derivado a indirectas o sobreentendidos. Las naves se levantaron en 2005 cuando la alcaldesa era Rosa Aguilar y el teniente de alcalde de Urbanismo, el actual regidor, Andrés Ocaña. IU gobernó en solitario durante toda la corporación 2003-2007. Gómez ha llegado, incluso, a bromear con el asunto. En una entrevista con la agencia Efe llegó al sarcasmo:”a quién le iba a pedir permiso: ¿a mi prima?”. Antes de su campaña, Rafael Gómez siempre se negó a señalar a nadie y cuando se le preguntaba sobre este tema cambiaba de asunto.

La construcción de las naves de Colecor ya fue remitida en dos ocasiones a la Fiscalía de Córdoba por unos privados y por el partido político Los Verdes. Entonces, estaba en tela de juicio, sobre todo, la presunta comisión de un delito contra la ordenación y contra el patrimonio histórico artístico, ya que se aseguraba que uno de los elementos demolidos durante el proceso para levantar las naves tenía algún tipo de catalogación. Anticorrupción derivó el asunto a la Fiscalía Provincial de Córdoba, quien analizó los documentos obrantes en los distintos expedientes de la Gerencia de Urbanismo. Según el decreto del fiscal, de enero de 2006, no existían indicios de reproche penal en la construcción de las naves porque éstas eran legalizables. No se hacía referencia a una presunta autorización por parte del ámbito político.

La Gerencia de Urbanismo defendió su posición en ese caso asegurando que lo que se había producido es un supuesto de desobediencia de las distintas órdenes de paralización de las obras que se habían emitido contra la empresa Mezquita Sur Inversiones

El Día de Córdoba

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